La Comisión Europea propone un reglamento sancionador contra la violación de los derechos humanos

La propuesta de la Comisión Europea, para la creación de una lista negra de la Unión para sancionar a las personas físicas o jurídicas, que hayan perpetrado la violación de los derechos humanos, marca un nuevo capítulo en la actitud de las instituciones europeas ante el incumplimiento. derechos. Desde el punto de vista regulatorio, el proyecto de reglamento a adoptar se inspira en una ley ya aprobada por EE.UU. en 2012, durante la presidencia de Obama. Las sanciones podrán ser adoptadas contra personas físicas y jurídicas independientemente del país de origen, por lo que también pertenezcan a naciones que mantengan relaciones diplomáticas normales con la Unión. Aunque ya es tema de negociación, la situación ligada al envenenamiento del oponente ruso, Navalni, ha puesto el tema en el centro del debate europeo. La medida que representa la mayor novedad dentro del reglamento será la prohibición a nivel europeo y, por tanto, ya no a nivel estatal, de la entrada de la persona sancionada en territorio de la UE. Naturalmente, las opciones de sanción también se referirán a la posibilidad de intervenir en los bienes y bienes, presentes en la UE, de sujetos que han vulnerado el respeto de los derechos humanos. El reglamento debe poder garantizar una mayor flexibilidad en el enjuiciamiento de los responsables de violaciones a los derechos humanos, categoría de delitos que no está incluida a nivel individual en las listas presentes en los órganos comunitarios, que actualmente prevén listas negras para delitos de terrorismo, uso de armas químicas y delitos informáticos. La prohibición de entrada a la UE representa un nuevo instrumento sancionador, que se suma a la inmovilización de activos, hasta ahora la única posibilidad de intervenir contra las violaciones. La aprobación del reglamento contra las violaciones de derechos humanos debe alcanzar la unanimidad del Consejo de la Unión y esto representará una prueba tangible de la voluntad de todos los países europeos de defender los derechos civiles y, por tanto, los principios fundacionales de la propia Unión. Este será un indicio indiscutible de la voluntad real de los estados europeos y, especialmente, de algunas naciones concretas, que dentro de ellos no están garantizando plenamente los derechos políticos y civiles. El voto de los estados individuales tendrá que ser un asunto que se examinará detenidamente y el resultado final dirá qué dirección quiere tomar Europa. La aprobación no parece obvia, tanto por razones políticas, relacionadas, de hecho, con la actitud de algunos países, como por razones de conveniencia sobre los intereses económicos que pueden verse afectados y las respuestas relacionadas a las empresas europeas, sujetas a represalias. Sin embargo, el tema debería afectar a un espectro más amplio, más allá de las personas y las empresas, pero que incluya a los estados culpables de violaciones de derechos humanos. Si la adopción del reglamento sancionador se hace realidad, solo se habrá cubierto la primera etapa de la lucha contra el incumplimiento de los derechos humanos, la batalla de la civilización para ser plenamente efectiva debe implicar la lucha contra los regímenes estatales culpables de incumplimiento. derechos humanos. Este lado, por el momento, parece ser solo una ambición difícil de lograr, precisamente por razones diplomáticas y económicas; sin embargo, el peligro de no comprometer el respeto de los derechos pone a Europa en un riesgo concreto de poder sufrir una suerte similar; por el momento en la mayoría de países europeos los derechos están garantizados, pero la misma presencia de estados dentro de la Unión donde las garantías han disminuido, representa una advertencia, que hay que tener en cuenta. Además, los vínculos económicos con estados que son regímenes políticos, ciertamente China, pero también otros, presuponen contactos cada vez más estrechos, que vislumbran formas de presencia en el territorio europeo de representantes de estas naciones. Si la solución no puede ser la autarquía, exigir un mayor respeto de los derechos como base contractual podría comenzar a ser un medio efectivo para forzar a algunos regímenes, al menos a una actitud diferente sobre este tema. Sin embargo, es necesario partir del frente interno: la permanencia dentro de la Unión de países que tienen gobiernos que tienen la compresión de derechos en su programa político debe convertirse en una cuestión de primer orden y con una solución que ya no se puede postergar porque la tolerancia duró mucho. demasiado tiempo.