La Unión Europea chantajeada por Polonia y Hungría

La admisión incondicional de países que no están acostumbrados al estado de derecho corre el riesgo de bloquear la ayuda económica contra la pandemia en Europa. Si el problema no es elegir entre economía y salud, con todo lo que eso conlleva, tampoco se debe elegir entre economía y derecho. Por el contrario, la estrategia implementada por los estados del Pacto de Visegrad parece contradecir este segundo supuesto. El deseo de bloquear las ayudas económicas a los países más afectados por el virus, si no a cambio de una flexibilización de las medidas de seguimiento sobre la aplicación y vigencia del Estado de derecho. Esta crisis en la sede de las instituciones europeas podría tener efectos negativos, directamente sobre los estados afectados por la pandemia, pero que no podrían dejar de repercutir en una contracción aún mayor de la economía; Cabe recordar que los ingresos de las contribuciones de la Unión son un capítulo importante de las partidas presupuestarias de los estados que pertenecían al Pacto de Varsovia. Es evidente que la estrategia de los países orientales se caracteriza por un elemento de miopía política y una visión a medio y largo plazo. A pesar de esta evidencia, las rígidas posiciones de los ejecutivos de Polonia y Hungría, en particular, no parecen presentar posibilidades de negociación. A nivel institucional, el enfrentamiento es entre el Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión y las negociaciones ya están frenando el reparto de fondos con las previsiones más optimistas que dicen que antes de finales de octubre no se alcanzará el acuerdo, con la consecuencia directa de la posibilidad de retrasar la entrada en vigor de los nuevos presupuestos más allá del 1 de enero del próximo año. Políticamente, la posición de Alemania parece muy delicada, porque debe mediar entre las necesidades de la economía de la eurozona y las de la aplicación del Estado de derecho en todo el territorio de la Unión y un fracaso ante un mecanismo defendido por Berlín supondría un debilitamiento del liderazgo alemán. La Comisión Europea también entra en el diálogo institucional como mediadora entre Parlamento y Consejo, pero los principales grupos parlamentarios, populares, socialistas, liberales y verdes, comparten el compromiso de no aprobar el plan financiero hasta que no haya un acuerdo sobre el seguimiento de la aplicación del estado de derecho. El juego de los fondos europeos concierne al fondo de recuperación, que tiene una dotación de 750.000 millones de euros. Es comprensible que la amenaza de no ratificación en algunos parlamentos de estas disposiciones sobre ayudas económicas, sin una revisión del control del Estado de derecho, represente un chantaje que pone en peligro la propia supervivencia de Europa; Si no fuera por las repercusiones financieras sobre los países reacios a aprobarla, esta estrategia podría parecer construida como un plan especial para causar grandes problemas al marco institucional europeo. Hay que recordar que el Parlamento pide que se amplíe la posibilidad de recortar fondos más allá de la mala gestión de los recursos, para cubrir finalmente la violación de los derechos fundamentales de la Unión. El Parlamento ve la actual actitud alemana, calificada de vacilante, como el principal obstáculo para lograr este objetivo, porque la actividad de Alemania como actual presidente no parece del todo decidida a alcanzar el consenso necesario en el Consejo. Sin embargo, a pesar de los aspectos altamente problemáticos de la situación, lo positivo es que se está creando un clima que va más allá de las buenas intenciones para asumir un carácter práctico y político en las instituciones europeas, para afirmar la importancia fundamental de los principios fundacionales de Europa. Esto representa un punto de partida para quienes quieren hacer cumplir la ley y no quieren entregarse a soluciones de compromiso en nombre de la economía. Por ahora, sin embargo, la posición alemana se nota por una falta de determinación que cuestiona sus verdaderas intenciones frente a los intereses económicos, con la sensación de preferir estos últimos. La necesidad de una postura firme y decidida por parte del mayor accionista europeo es, por otro lado, una necesidad imperiosa dentro del debate actual, que no puede dejar de tener un resultado aún más severo que la simple reducción de contribuciones, para llegar hasta a la expulsión de quienes usan Europa solo para tener financiación sin respetar las obligaciones hacia otros países y el derecho dentro de ellos, porque esto es incompatible con la permanencia en las instituciones europeas.

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